En estos últimos días, han despedido a uno de mis más
cercanos compañeros y amigos. Podía haber sido yo, podíamos haber sido los dos,
pero le ha tocado a él. Causas económicas, por supuesto.
Mientras tanto, el Gobierno continúa con su vorágine de desmantelamiento
de todo el sistema económico y social, de todo lo que huela a servicio público.
Entre otras medidas dejan a los funcionarios sin su paga de navidad y les retiran
días de libre disposición. Estoy en absoluto desacuerdo con la pérdida de
derechos de este último paquete de recortes con el que nos obsequian, tanto en
lo que se refiere a los funcionarios públicos como los que afectan a otros
colectivos como ocurre, también con los desempleados o los pensionistas. Y
fundamentalmente con estos últimos ya que, a mi entender, afectan a aquellos
ciudadanos más desprotegidos.
La reacción de los funcionarios ha sido enérgica. Se han
llevado a cabo múltiples manifestaciones en toda España. Y parece que sólo es
el comienzo de lo que parece inevitable: una revolución en defensa del Estado
Social, Democrático y de Derecho que, de facto, es lo que se está desmantelando
de manera fulminante. Los trabajadores del sector privado, así como los
anteriormente reseñados, pensionistas, desempleados y demás sectores y
ciudadanos con conciencia social, están secundando y apoyando las
movilizaciones que se están produciendo en las últimas fechas. Siempre he
considerado que el funcionariado era el colectivo clave para ejercer la presión
necesaria para evitar el derrumbe de los derechos y libertades de nuestra
sociedad. Sin embargo, deben ser conscientes de que forman parte de una
totalidad y constituirse en referente solidario del esfuerzo por el
mantenimiento de un sistema democrático libre y justo para toda la sociedad.
Detalles como el de los policías antidisturbios quitándose
el casco ante una manifestación de compañeros o pidiéndoles por favor que
retrocediesen, son significativos de que comienzan a aparecer ciertos signos de
solidaridad de determinados sectores o colectivos con otros.
Sin embargo, también he echado en falta que desde alguno
de los representantes de los funcionarios, en sus declaraciones, se hiciera
referencia a la penosa situación en la que se deja a determinados colectivos y
sectores con toda la cascada de medidas antisociales que vienen siendo tomadas de
un tiempo a esta parte.
No podemos caer en la trampa de pensar que pertenecemos a
clases diferentes. Estamos en el mismo barco. Todos juntos.
Personalmente, no me gusta cuando hacen referencia al
hecho de que son ellos siempre el blanco de la injusticia de las medidas del
Ejecutivo. Cierto es que, como he dicho, son claves e imprescindibles si
queremos mantener un sistema en el que nuestros impuestos sirvan para tener
derecho a una educación, una sanidad y una serie de servicios públicos
imprescindibles para vivir en una sociedad justa, pero yo que como otros
muchos, trabajamos en el sector privado, hemos sido y seguimos siendo tan perjudicados,
al menos como cualquier funcionario.
Desde el año 2008 a esta parte, yo ya he perdido alrededor
de un 60% de mis ingresos. Y soy un asalariado medio, no un alto ejecutivo ni
nada por el estilo. Y ahora mismo, con suerte de seguir siéndolo. Me levanto
todas las mañanas pensando si será mi último día de trabajo en mi actual puesto
de trabajo. Yo no puedo reclamar auxilio a sindicato alguno, sin poner en serio
peligro, no ya una parte de mi sueldo sino mi puesto de trabajo, ni siquiera a
un delegado sindical, ya que, en muchas ocasiones, y sobre todo en empresas
medianas, ese puesto está ocupado por la persona “aconsejada” por el patrón o,
simplemente por algún o alguna Mónica dispuesto/a a aliviar cualquier tensión
del Bill de turno. Para muchos trabajadores en este momento, el cobrar sin
problemas sus salarios, el tener vacaciones o el cumplir una jornada laboral
con las horas establecidas por ley o cobrando las extras es, cuanto menos, una
utopía.
Lamento las medidas tomadas contra los funcionarios y que
afectan a sus ingresos y calidad de vida y apoyo todas sus acciones en defensa
de sus derechos. Como lamento y apoyo las relativas a las que conciernen a la
merma de derechos de estudiantes, jubilados, parados y trabajadores del sector
privado.
Es posible que lo que aquí escriba no sea del todo
políticamente correcto en este momento y en los lugares a donde pueden llegar
estas líneas pero, hubiera sido muy higiénico que, el colectivo de funcionarios
hubiera demostrado hace ya tiempo, el grado de comprensión y solidaridad con el
resto de la sociedad que, ahora, está recibiendo por parte de esta.
Argumentar ante un parado que va a perder un 10% de sus
ingresos a partir del séptimo mes de prestación por desempleo, dinero
imprescindible para mantener a su familia y que no tiene perspectiva
actualmente de encontrar trabajo, que al quitarle al funcionario la paga de
Diciembre no le va a poder comprar los Reyes a los niños, me parece, cuanto
menos, de un grado de superficialidad anti solidaria bastante peligroso.
Ha llegado el momento de ser conscientes de que no somos
unos y otros sino un conjunto que ha de mantenerse homogéneo en sus
reivindicaciones y actuar en común en contra de un Gobierno que no es más que
un pelele dirigido desde el exterior de nuestro país y al que no va a temblarle
la mano a la hora de seguir aplastando a los ciudadanos con tal de mantener sus
posiciones de privilegio.
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